BOPV nº 35 · 2023-02-20 · Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
ORDEN de 15 de febrero de 2023, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se adoptan medidas flexibilizadoras para los programas Gauzatu-Industria, Bideratu Berria, Bideratu COVID-19, Indartu, Bateratu COVID-19 y Bilakatu COVID-19, consistentes en aplazamientos de reintegros y ampliación de periodos de ejecución en la realización de inversiones y/o empleo, para dar respuesta a la crisis ocasionada por la agresión militar de Rusia a Ucrania.
La agresión militar rusa contra Ucrania, las sanciones impuestas y el resto de contramedidas adoptadas están teniendo repercusiones económicas en todo el mercado comunitario que están afectando a las empresas de múltiples maneras, tanto directa como e indirectamente. El impacto está generando reducciones de la demanda, interrupción de contratos y proyectos existentes, lo que está suponiendo una pérdida de volumen de negocios, perturbaciones de las cadenas de suministro, y en particular, por lo que se refiere a las materias primas y los preproductos, y otros insumos que dejan de estar disponibles o no resultan económicamente asequibles. Además el mercado de la energía se está viendo gravemente afectado por el aumento de los precios de la electricidad y el gas muy por encima de los ya elevados niveles observados en el período anterior a la agresión militar contra Ucrania por parte de Rusia. Estos elevados precios de la energía están causando daños que ya afectan al poder adquisitivo de la ciudadanía, lo que está provocando un aumento de la pobreza, así como de la competitividad de las empresas de los principales sectores de la economía, sobre todo las industrias de gran consumo de energía que tienen que hacer frente a costes de fabricación más elevados que, e incluso en determinados casos, pueden poner en peligro la continuidad de empresas que, de otro modo, serían rentables, lo que posiblemente repercute en el empleo. Todos estos efectos, en su conjunto, han generado una grave perturbación de la economía a la que es preciso dar una respuesta económica coordinada para mitigar las repercusiones negativas, económicas y sociales, preservar las actividades económicas y el empleo y facilitar los ajustes estructurales necesarios. Es preciso apoyar a los sectores de actividad que están sufriendo el impacto directo de las consecuencias del conflicto bélico, en especial a los directamente relacionados con los países afectados por el mismo. El impacto industrial del conflicto está provocando modificaciones en los planes de producción e incluso detenciones de las propias plantas unido a la fuerte subida de la electricidad y carburantes. Las empresas vienen realizando importantes esfuerzos para superar las dificultades derivadas de la pasada crisis generada por la pandemia COVID-19, y por la actual crisis bélica, cuyas consecuencias pueden ser peores que las de la COVID-19 y está provocando modificaciones en los planes de producción, incluso detenciones de las propias plantas, además de afrontar las fuertes subidas de la electricidad y de los carburantes, por lo que se hace preciso apoyar a las empresas de los sectores de actividad que están sufriendo el impacto directo de las consecuencias del conflicto bélico. El Gobierno Vasco, quiere colaborar con los esfuerzos que las empresas están asumiendo, en especial a las directamente relacionados con los países afectados por dicho conflicto, y consolidar empresas y/o sectores de actividad con capacidad para ser com