BOPV nº 98 · 2024-05-21 · Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
DECRETO 57/2024, de 7 de mayo, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Con fecha 3 de agosto de 2013, se publicó la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, modificada por la Ley 16/2021 de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que establece el marco legal de las operaciones comerciales entre las diferentes entidades operadoras de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa. Esta Ley tiene por objeto establecer medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La Ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre las entidades operadoras establecidas en el Estado que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios. Un marco necesario, también en Euskadi, dada la consideración estratégica del sector agroalimentario vasco, y su propia vulnerabilidad estructural especialmente en los primeros eslabones de la cadena, donde la diversidad y heterogeneidad del sector agrario, su atomización y escasa concentración, y su relación con estructuras comerciales rígidas hacen que no se garanticen en todo momento los equilibrios necesarios entre el conjunto de agentes. En un contexto general cada vez más globalizado, se está reforzando una tendencia, ya iniciada tiempo atrás, de continuo incremento de los costes de producción, especialmente en los insumos agrarios, principalmente la alimentación animal y la energía, lo que sitúa al sector primario en una situación de especial vulnerabilidad, con mayor dependencia de coyunturas y reajustes que otros sectores y las entidades operadoras de la cadena. La citada Ley trata de establecer un reequilibrio paulatino de la cadena alimentaria, obligando, como señala su preámbulo, a los poderes públicos a introducir medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario, y a asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, garantizando en todo momento la transparencia de los mismos en particular, y de la cadena alimentaria en general. Y precisamente, la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incorpora elementos clave para lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. En especial, el artículo 12 ter, donde, para evitar la destrucción del valor en la cadena, se prohíbe la venta desleal a las personas consumidoras, que se considerará como «venta a pérdidas», de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición. Las medidas intensifican la lucha contra el fraude alimentario, a lo largo de toda la cadena alimentaria, con el fin de conseguir la sostenibilidad del sistema agr